MANIFIESTO DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE CASTILLA Y LEÓN
Ante las declaraciones realizadas el pasado 26 de noviembre, en Cáceres, por los alcaldes de las ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad, la Asociaciones que conforman la Federación de Asociaciones por la Defensa del Patrimonio de Castilla y León
MANIFESTAMOS:
Que las Asociaciones que integran la Federación de Asociaciones por la Defensa del Patrimonio de Castilla y León recogen en sus Estatutos como fines fundamentales, procurar la conservación y defensa del patrimonio histórico y cultural.
Que la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León recogen la obligación de los ciudadanos para con su Patrimonio, como así aparece en numerosos documentos y cartas nacionales e internacionales: “es indispensable la concienciación y la participación ciudadana en la protección y conservación del patrimonio".
Que los escritos o denuncias que estas asociaciones puedan hacer ante los organismos pertinentes, en el caso de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, se ajustan en todo momento a los criterios recogidos en las citadas leyes de Patrimonio y documentos internacionales. Aportando en cada ocasión información accesible para cualquier ciudadano: documentos públicos, fotografías... De ahí, su credibilidad.
Que las mencionadas Asociaciones desempeñan también una gran labor pedagógica entre la ciudadanía, e incluso, aunque pueda parecer inmodestia, entre los servidores públicos; ya que, por determinados proyectos o actuaciones en las ciudades históricas (Patrimonio de la Humanidad) se denota, además de falta de sensibilidad, un gran desconocimiento en lo concerniente a los criterios aceptados internacionalmente en la actualidad por profesionales y expertos en materia de Patrimonio.
Que la participación ciudadana es la base de un sistema democrático sano y que declaraciones tan penosas como las de los miembros del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, no hacen más que enturbiar las cordiales relaciones que deberían existir entre los ciudadanos y sus servidores públicos. Creemos en la participación ciudadana más allá del derecho al voto y también consideramos que el alcalde de una ciudad debe aceptar las valoraciones y, en su caso críticas o denuncias, que los ciudadanos podamos realizar sobre las actuaciones que lleva a cabo en su ciudad.
Por todo ello
RECLAMAMOS
El amparo de todas las instituciones y organismos implicados en la protección del Patrimonio, para que no permitan que se dude de la rectitud que mueve cada una de las actuaciones de estas asociaciones, legalmente constituidas con el único fin de proteger y conservar nuestro Patrimonio.
Que en las reuniones que nuestros representantes políticos realicen de aquí en adelante, éstas sirvan para estudiar políticas encaminadas hacia la perfecta conservación de nuestro Patrimonio y a establecer un desarrollo sostenible (también patrimonialmente hablando) de las ciudades históricas, más que para intentar acallar la participación de los ciudadanos o a confundir a la opinión pública.
Que los alcaldes y concejales antes de encargar proyectos que puedan dañar el Patrimonio o hacer peligrar la integridad y autenticidad de la ciudad histórica y de la declarada Patrimonio de la Humanidad, con el consiguiente gasto que muchas de esas acciones conllevan, cumplan los convenios internacionales y se aseguren de que obran en todo momento conforme a la ley, sobre todo en materia arqueológica. Aquí los ciudadanos también podríamos exigir que los servidores públicos pusiesen un aval cuando encargan esos proyectos, siempre de elevados costes, y, luego no se llevan a cabo; o cuando un Consistorio pierde un juicio al que se puede haber llegado por el empecinamiento de algún dirigente político y luego los costes son asumidos por el erario público.
Y que los servidores públicos de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad entiendan que ostentar el título "Patrimonio de la Humanidad" es un honor que conlleva una gran dosis de responsabilidad y algunas obligaciones.
Este Manifiesto se hace llegar llegar a los organismos e instituciones implicadas, para su conocimiento.
MANIFESTAMOS:
Que las Asociaciones que integran la Federación de Asociaciones por la Defensa del Patrimonio de Castilla y León recogen en sus Estatutos como fines fundamentales, procurar la conservación y defensa del patrimonio histórico y cultural.
Que la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León recogen la obligación de los ciudadanos para con su Patrimonio, como así aparece en numerosos documentos y cartas nacionales e internacionales: “es indispensable la concienciación y la participación ciudadana en la protección y conservación del patrimonio".
Que los escritos o denuncias que estas asociaciones puedan hacer ante los organismos pertinentes, en el caso de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, se ajustan en todo momento a los criterios recogidos en las citadas leyes de Patrimonio y documentos internacionales. Aportando en cada ocasión información accesible para cualquier ciudadano: documentos públicos, fotografías... De ahí, su credibilidad.
Que las mencionadas Asociaciones desempeñan también una gran labor pedagógica entre la ciudadanía, e incluso, aunque pueda parecer inmodestia, entre los servidores públicos; ya que, por determinados proyectos o actuaciones en las ciudades históricas (Patrimonio de la Humanidad) se denota, además de falta de sensibilidad, un gran desconocimiento en lo concerniente a los criterios aceptados internacionalmente en la actualidad por profesionales y expertos en materia de Patrimonio.
Que la participación ciudadana es la base de un sistema democrático sano y que declaraciones tan penosas como las de los miembros del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, no hacen más que enturbiar las cordiales relaciones que deberían existir entre los ciudadanos y sus servidores públicos. Creemos en la participación ciudadana más allá del derecho al voto y también consideramos que el alcalde de una ciudad debe aceptar las valoraciones y, en su caso críticas o denuncias, que los ciudadanos podamos realizar sobre las actuaciones que lleva a cabo en su ciudad.
Por todo ello
RECLAMAMOS
El amparo de todas las instituciones y organismos implicados en la protección del Patrimonio, para que no permitan que se dude de la rectitud que mueve cada una de las actuaciones de estas asociaciones, legalmente constituidas con el único fin de proteger y conservar nuestro Patrimonio.
Que en las reuniones que nuestros representantes políticos realicen de aquí en adelante, éstas sirvan para estudiar políticas encaminadas hacia la perfecta conservación de nuestro Patrimonio y a establecer un desarrollo sostenible (también patrimonialmente hablando) de las ciudades históricas, más que para intentar acallar la participación de los ciudadanos o a confundir a la opinión pública.
Que los alcaldes y concejales antes de encargar proyectos que puedan dañar el Patrimonio o hacer peligrar la integridad y autenticidad de la ciudad histórica y de la declarada Patrimonio de la Humanidad, con el consiguiente gasto que muchas de esas acciones conllevan, cumplan los convenios internacionales y se aseguren de que obran en todo momento conforme a la ley, sobre todo en materia arqueológica. Aquí los ciudadanos también podríamos exigir que los servidores públicos pusiesen un aval cuando encargan esos proyectos, siempre de elevados costes, y, luego no se llevan a cabo; o cuando un Consistorio pierde un juicio al que se puede haber llegado por el empecinamiento de algún dirigente político y luego los costes son asumidos por el erario público.
Y que los servidores públicos de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad entiendan que ostentar el título "Patrimonio de la Humanidad" es un honor que conlleva una gran dosis de responsabilidad y algunas obligaciones.
Este Manifiesto se hace llegar llegar a los organismos e instituciones implicadas, para su conocimiento.
Salamanca, 1 de diciembre de 2011.
Fdo. Isabel Muñoz Sánchez.
Presidenta de la Federación de Asociaciones
por la Defensa del Patrimonio de Castilla y León.